Los trabajadores cuya retribución consta de un salario base más una comisión, deberá tenerse en cuenta en el salario de las vacaciones anuales retribuidas.

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Los trabajadores cuya retribución consta de un salario base más una comisión en función a ventas obtenidas por el trabajador, deberá tenerse en cuenta en las vacaciones anuales retribuidas.

El  Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública una sentencia, de fecha 22 de mayo de 2014 (asunto C-539/12, Lock vs. British Gas Trading. El caso versa sobre el Sr. Lock, trabajador de una compañía de ventas de energía y con una retribución mensual de salario base y de comisión calculada según las ventas realizadas y que  cobra la comisión en el momento en que la empresa realiza el contrato.

El Sr. Lock realiza vacaciones del 19 de diciembre de 2011 al 3 de enero de 2012. Ese mes su salario está compuesto por el salario base más las comisiones devengadas en semanas anteriores.

Mientras el Sr. Lock estuvo de vacaciones, no pudo obtener nuevas ventas, y por lo tanto no se generaron nuevas comisiones y como consecuencia se vio afectado el salario de los meses siguientes.

El Sr. Lock, interpone demanda ante el Employoment Tribunal de Reino Unido, reclamando retribución impagada por vacaciones anuales. El tribunal del Reino Unido realiza la pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si la comisión de un trabajador que habría obtenido en sus vacaciones debe tenerse en cuenta para el salario de esas vacaciones.

El Tribunal de Justicia recuerda que, según la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, un trabajador debe percibir su retribución ordinaria durante las vacaciones anuales. La justificación de estas vacaciones retribuidas es que durante ese tiempo de descanso el trabajador goce de una situación comparable a los períodos de trabajo desde el punto de vista del salario.

El tribunal alegó que el trabajador había recibido durante las vacaciones comisiones además del salario base. El tribunal consideró que la argumentación no era aceptable, ya que las comisiones recibidas eran de un trabajo de meses anteriores y el no generar comisiones durante las vacaciones le provoca una desventaja financiera diferida que sufre en los salarios siguientes.

Por lo tanto el trabajador no puede ver disminuido el salario en sus vacaciones. Ya que todo ello puede llevar al trabajador a desistir de realizar efectivamente su derecho a disfrutar de las vacaciones anuales retribuidas, ya que las comisiones le generan un 60% de los ingresos.

La grabación realizada en una vía pública por unos detectives privados, no vulnera el derecho a la vida privada.

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La sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho publica una sentencia[1]Caso de La Flor Cabrera”,  en la que establece que la grabación realizada en una vía pública por unos detectives privados, no vulnera el derecho a la vida privada regulado en el artículo 8[2] del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

El demandante, Sr. De La Flor Cabrera de Sevilla fue atropellado por un automóvil mientras él circulaba en bicicleta. Interpuso una demanda solicitando daños y perjuicios a raíz de una neurosis postraumática la cual le impedía conducir cualquier tipo de vehículo. La parte demandada solicito los servicios de un detective privado para que realizara unas grabaciones de vídeo y poder presentarlo como prueba ante el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Sevilla, ya que el Sr. De La Flor Cabrera, contrarío a sus declaraciones, conducía un ciclomotor y por lo tanto, sí podía conducir y no sufría las consecuencias que había manifestado en el juicio. El tribunal consideró válida la prueba  y en recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Sevilla también la consideró válida ya que las circunstancias de la grabación eran justificadas según el objetivo perseguido.

 

 

El Sr. De La Flor Cabrera presentó una segunda demanda por la violación de su derecho a la intimidad  y propia imagen regulado en el apartado primero del artículo 18 de la Constitución españolaSe garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. El Juez de Instrucción de Sevilla sostuvo que la prueba presentada, la grabación del demandante conduciendo, perseguía un fin legítimo y realizada en espacios públicos sin que la imagen se hubiera tomado en un espacio privado, ni tampoco se encontraba el demandante en una situación indigna. El Sr. De La Flor Cabrera interpuso recurso de apelación, la Audiencia Provincial también lo desestimó.Inadmitidos los recursos interpuestos,  recurso de casación ante el Tribunal Supremo y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el Sr. De La Flor Cabrera interpuso recurso ante el TEDH.

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia recuerda la noción de “vida privada” y dice que es un término amplio, que cubre la integridad física y moral de la persona y puede abarcar muchos aspectos de la identidad de una persona, como el nombre o elementos relacionados con los derechos de imagen.El concepto incluye información privada de la persona y que no sea publicada sin su consentimiento, publicación deuna fotografía, incluso si la persona es una figura pública.

 

Según el TEDH, una imagen individual es uno de los principales atributos de la persona y le permite diferenciarse de sus congéneres habida cuenta que la protección de la imagen es uno de los componentes esenciales del desarrollo personal. Ello implica un control del individuo para pedir la no divulgación de su imagen, al almacenamiento y reproducción. Si ello ocurriera, se podrá exigir la adopción de medidas destinadas a asegurar el respeto de la vida privada.

 

No obstante, la magnitud del control va en función de factores tales como la naturaleza y la importancia de los intereses que hay en juego, y se tendrá en cuenta la gravedad de la lesión producida. La aplicación de estos principios por el TEDH en el caso en concreto que nos ocupa, tiene una singularidad y es que  la difusión de imágenes es tan solo la toma de ellas y posterior uso en un contexto de litigio civil.

 

El tribunal declara en la sentencia, que las imágenes se tomaron mientras el solicitante estaba involucrado en una actividad relacionada con el caso en que se juzgaba y las imágenes se  utilizan exclusivamente como prueba ante el juez. Además la agencia de detectives privados cumplieron con todos los requisitos legales de la jurisdicción interna de este tipo de actividades de la agencia, en cuestión fue debidamente aprobado por el Estado e inscrita como tal en un registro administrativo , y la toma de fotografías como prueba en juicio está regulado en el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

La Corte considera que son razonableslas imágenes grabadas, ya que se destinan a contribuir legítimamente a un procedimiento judicial, para permitir que la parte demandada pueda valerse de los medios de prueba pertinentes. Las imágenes impugnadas contradicen las afirmaciones del  demandante en cuanto a la imposibilidad de la conducción de vehículos de motor.


En consecuencia, la injerencia en el derecho de la demandante a la intimidad no era desproporcionada a la luz de los requisitos del artículo 8 de la Convención. Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humano establece que, no ha habido violación del artículo 8 de la Convención.



[2]Artículo 8Derecho al respeto a la vida privada y familiar

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

 

Tasa para la Prestación de Servicios Profesionales y Materiales en el ámbito de la Administración de Justicia

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El Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha llegado a un acuerdo con los representantes del Consejo de Abogacía Catalana y el Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña para excluir a las personas físicas y pequeñas empresas de la aplicación de la tasa para la prestación de servicios profesionales y materiales en el ámbito de la Administración de justicia.

El acuerdo ha sido el resultado de semanas de negociación y con ello se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Asimismo, el acuerdo incluye la ampliación de supuestos en que quedaran exentos de pagar las tasas. Demandas de ejecución, reconvenciones y solicitudes de concurso.

El departamento de Justicia se ha comprometido a instar al Estado a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que incluyan las tasas catalanas y se puedan tener en cuenta en la tasación de costas así como a pedir al Departamento de Justicia una reducción en las tasas estatales.