ESTIMACIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO POR BCN-ADVOCATS.COM CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO DE LA BISBAL

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El 24 de octubre de 2014 la Audiencia Provincial de Girona dicta sentencia favorable a la parte demandada defendida por el bufete de abogados bcn-advocats.com. Dicha sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por bcn-advocats.com, en el sentido de revocar la sentencia de divorcio contencioso del Juzgado de la Bisbal que condenaba a la parte demandada a abonar una prestación compensatoria.

La prestación compensatoria consiste en una indemnización, en bienes o en dinero, en forma de capital o de pensión, que puede ser solicitada por el cónyuge cuya situación económica se ve más perjudicada tras la ruptura de la convivencia. En efecto, tal y como pone de relieve la parte recurrente, bcn-advocats.com, en su recurso contra la sentencia de Primera Instancia dictada por el Juzgado de la Bisbal, el desequilibrio económico sufrido por uno de los cónyuges y que legitima el derecho a solicitar la prestación compensatoria, figura jurídica propia de la Comunidad Autónoma de Catalunya, similar aunque distinta de la “pensión compensatoria” del Código Civil, debe darse en el momento de la ruptura matrimonial. Un requisito que no se daba en el caso objeto del procedimiento judicial y que había sido obviado por el Juzgado sentenciador de Primera Instancia.

Las características de la prestación compensatoria como su cuantía, modalidad, duración, extinción etc. pueden ser pactadas por los cónyuges antes o en el momento de la ruptura, ejerciendo su derecho a la autonomía privada mediante convenios reguladores en los que pueden llegar a limitarse o excluirse derechos, de conformidad con lo establecido en los artículos 233-14 y siguientes del Libro Segundo del Código Civil de Catalunya.

Frente a dicha sentencia, bcn-advocats.com alega la existencia de un convenio regulador, firmado por ambas partes el 25 de septiembre de 2011, suscrito en el momento de la separación de hecho y que pese a que finalmente no fue ratificado judicialmente por los cónyuges, contrariamente a lo establecido por el Tribunal de Primera Instancia de la Bisbal de l’Empordà en la sentencia recurrida 41/2014, no requiere de homologación ni de ratificación judicial para que el convenio tenga plena eficacia jurídica entre las partes.

Un pronunciamiento, con el que también discrepa la Audiencia Provincial de Girona, siguiendo los argumentos del recurso de bcn-advocats.com, basándose en reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La Ilma. Audiencia Provincial de Girona llega a la conclusión de que el convenio regulador es un negocio jurídico de carácter contractual, de acuerdo con las exigencias del artículo 1.261 del Código Civil del estado español, que solamente requiere de homologación judicial para que pueda tener eficacia frente a terceros y ejecutarse judicialmente y cuya ratificación es imprescindible, o mejor dicho únicamente es fiscalizable por los tribunales, para aquellos pactos que perjudican o afectan a los hijos menores de edad o incapacitados, no en cuanto a los efectos patrimoniales entre los cónyuges. No obstante, no es necesaria la ratificación ni la homologación judicial como “conditio iuris” para la validez y eficacia de los convenios reguladores o pactos, que regulan aspectos patrimoniales entre los cónyuges en contemplación de crisis matrimoniales, ni siquiera en aquellos supuestos en que se deriven consecuencias gravemente perjudiciales para cualquiera de ellos. Todo esto a diferencia del resto del estado español, en que el Juez sí que tiene la obligación legal de supervisar los pactos patrimoniales entre los cónyuges en el supuesto de que los mismos sean perjudiciales para uno de los cónyuges tal y como se prevé en artículo 90 del Código Civil.

Así pues, la Audiencia Provincial de Girona, en su sentencia 300/2014 de 24 de octubre de 2014, estima el recurso interpuesto por bcn-advocats.com en defensa de los intereses de su cliente, y desestima la pretensión de la ex mujer de percibir 30.000 € en concepto de prestación compensatoria.