El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que modificará con un Real Decreto la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Así lo hace apoyándose, según admitió, en un documento con recomendaciones que le entregó la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.