La grabación realizada en una vía pública por unos detectives privados, no vulnera el derecho a la vida privada.

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La sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho publica una sentencia[1]Caso de La Flor Cabrera”,  en la que establece que la grabación realizada en una vía pública por unos detectives privados, no vulnera el derecho a la vida privada regulado en el artículo 8[2] del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

El demandante, Sr. De La Flor Cabrera de Sevilla fue atropellado por un automóvil mientras él circulaba en bicicleta. Interpuso una demanda solicitando daños y perjuicios a raíz de una neurosis postraumática la cual le impedía conducir cualquier tipo de vehículo. La parte demandada solicito los servicios de un detective privado para que realizara unas grabaciones de vídeo y poder presentarlo como prueba ante el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Sevilla, ya que el Sr. De La Flor Cabrera, contrarío a sus declaraciones, conducía un ciclomotor y por lo tanto, sí podía conducir y no sufría las consecuencias que había manifestado en el juicio. El tribunal consideró válida la prueba  y en recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Sevilla también la consideró válida ya que las circunstancias de la grabación eran justificadas según el objetivo perseguido.

 

 

El Sr. De La Flor Cabrera presentó una segunda demanda por la violación de su derecho a la intimidad  y propia imagen regulado en el apartado primero del artículo 18 de la Constitución españolaSe garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. El Juez de Instrucción de Sevilla sostuvo que la prueba presentada, la grabación del demandante conduciendo, perseguía un fin legítimo y realizada en espacios públicos sin que la imagen se hubiera tomado en un espacio privado, ni tampoco se encontraba el demandante en una situación indigna. El Sr. De La Flor Cabrera interpuso recurso de apelación, la Audiencia Provincial también lo desestimó.Inadmitidos los recursos interpuestos,  recurso de casación ante el Tribunal Supremo y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el Sr. De La Flor Cabrera interpuso recurso ante el TEDH.

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia recuerda la noción de “vida privada” y dice que es un término amplio, que cubre la integridad física y moral de la persona y puede abarcar muchos aspectos de la identidad de una persona, como el nombre o elementos relacionados con los derechos de imagen.El concepto incluye información privada de la persona y que no sea publicada sin su consentimiento, publicación deuna fotografía, incluso si la persona es una figura pública.

 

Según el TEDH, una imagen individual es uno de los principales atributos de la persona y le permite diferenciarse de sus congéneres habida cuenta que la protección de la imagen es uno de los componentes esenciales del desarrollo personal. Ello implica un control del individuo para pedir la no divulgación de su imagen, al almacenamiento y reproducción. Si ello ocurriera, se podrá exigir la adopción de medidas destinadas a asegurar el respeto de la vida privada.

 

No obstante, la magnitud del control va en función de factores tales como la naturaleza y la importancia de los intereses que hay en juego, y se tendrá en cuenta la gravedad de la lesión producida. La aplicación de estos principios por el TEDH en el caso en concreto que nos ocupa, tiene una singularidad y es que  la difusión de imágenes es tan solo la toma de ellas y posterior uso en un contexto de litigio civil.

 

El tribunal declara en la sentencia, que las imágenes se tomaron mientras el solicitante estaba involucrado en una actividad relacionada con el caso en que se juzgaba y las imágenes se  utilizan exclusivamente como prueba ante el juez. Además la agencia de detectives privados cumplieron con todos los requisitos legales de la jurisdicción interna de este tipo de actividades de la agencia, en cuestión fue debidamente aprobado por el Estado e inscrita como tal en un registro administrativo , y la toma de fotografías como prueba en juicio está regulado en el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

La Corte considera que son razonableslas imágenes grabadas, ya que se destinan a contribuir legítimamente a un procedimiento judicial, para permitir que la parte demandada pueda valerse de los medios de prueba pertinentes. Las imágenes impugnadas contradicen las afirmaciones del  demandante en cuanto a la imposibilidad de la conducción de vehículos de motor.


En consecuencia, la injerencia en el derecho de la demandante a la intimidad no era desproporcionada a la luz de los requisitos del artículo 8 de la Convención. Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humano establece que, no ha habido violación del artículo 8 de la Convención.



[2]Artículo 8Derecho al respeto a la vida privada y familiar

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.